Semana del 26/8/12

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Querido DiálogoEcológico: ¿Qué es exactamente el Programa de Senderos Recreativos del gobierno federal y es cierto que está a punto de ser eliminado?

— Randy Caldwell, Lyme, NH

El Programa de Senderos Recreativos (PSR) es un programa de asistencia federal que ayuda a los estados a pagar por el desarrollo y mantenimiento de senderos recreativos e instalaciones relacionadas con los senderos para tanto usos motorizados y no motorizados de los rastros recreativos. El programa ordenado por el Congreso estaba en riesgo debido a cortes presupuestarios, pero sus partidarios en Congreso anunciaron este julio pasado que PSR sería retenido con financiación anual de $85 millones como parte del acuerdo del transporte terrestre de la nueva ley llamado MAP-21. El Senador demócrata Amy Klobuchar de Minesota jugó un rol importante en la retención de PSR introduciéndola como enmienda a MAP-21 en calidad de programa autónomo con su propia financiación.

En términos generales, MAP-21 asigna $105 mil millones para los años fiscales 2013 y 2014 para mejorar la seguridad, reducir la congestión de tráfico, mantener la infraestructura y mejorar la eficiencia general de los transportes de carretera. PSR es una de varias provisiones de MAP-21 que apoyan los programas de tránsito, bicicletas y peatones a través del país.

La financiación de PSR en MAP-21 viene de una porción del impuesto indirecto a combustibles vehiculares recolectado a través del país por concepto de usos recreativos en motonieves, motocicletas, camionetas y vehículos todoterreno, y sale del Fideicomiso Federal de Carreteras. La mitad de los fondos de PSR se distribuye igualmente entre 50 estados, y la otra mitad es distribuida en proporción a la cantidad estimada de combustible de uso recreativo fuera de carretera en cada estado. Los estados son responsables de administrar su propio dinero del PSR y solicitar y seleccionar proyectos meritorios.

Dicho esto, el uso de la financiación PSR está restringido al mantenimiento y restauración de senderos existentes, el desarrollo y rehabilitación de instalaciones a lo largo de caminos interiores y cabezales e interconexiones de senderos, la compra y arrendamiento de equipos de construcción y mantenimiento de senderos, la construcción de nuevos senderos, la adquisición de servidumbres o más propiedad para senderos, a la vez que evaluación de las condiciones de los senderos en términos de accesibilidad y mantenimiento. La financiación de PSR no puede dedicarse a condenación de propiedades (derecho de expropiación forzosa), la construcción de nuevos senderos para uso motorizado en tierras públicas federalmente administradas ni para facilitar acceso motorizado a senderos de otro modo no-motorizados.

Los estados deben asignar 30 por ciento de su financiación de PSR para el uso motorizado de senderos, un 30 por ciento para uso no-motorizado, y quedarse con un 40 por ciento para el uso calificado como “diverso” (motorizado y no-motorizado) de senderos. Los proyectos pueden satisfacer dos categorías al mismo tiempo, dando a los estados alguna flexibilidad en cómo asignar su parte del PSR. Los estados pueden gastar hasta cinco por ciento de sus fondos para diseminar publicaciones relacionadas con tales actividades y operar programas educativos para promover la seguridad y la protección ambiental relacionada con los senderos.

Los amantes del senderismo a través del país están felices con la decisión del Congreso de extender el PSR, que empezó en 2005 con un $60 millones de asignación y fue aumentado cada uno de los años siguientes hasta que se estabilizó en $85 millones en 2009. La continuación de los $85 millones de asignación fue también buenas nuevas para los que temían que si no era eliminado enteramente sería reducido apreciablemente. Con nueva financiación para los próximos dos años, los norteamericanos pueden esperar la creación de muchos nuevos senderos y mantenimiento continuado de los existentes.

CONTACTOS: RTP info; American Trails overview of RTP funding.


Querido DiálogoEcológico: ¿Qué es la Ley de Protección de Combustibles Domésticos de 2012 y por qué la oponen ciertos grupos ambientales?

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— William Bledsoe, Methuen, MA

La Ley de Protección de Combustibles Domésticos de 2012 (H. 4345) es un proyecto de ley introducido en la Cámara de Representantes en abril de 2012 por un grupo bipartito de congresistas para proteger a los productores domésticos de etanol, biodiesel y otros combustibles no dañinos al ambiente de responsabilidad a usuarios que ponen el tipo de combustible equivocado o mezcla en sus tanques y por consiguiente dañan sus motores y/o emiten cantidades exageradas de contaminación. La idea detrás del proyecto es asegurar que los productores domésticos de combustible “verde” y de equipos relacionados no caigan en condiciones financieras horribles ni tengan que cerrar sus puertas debido a excesivas demandas legales.

Pero algunos piensan que la industria de combustibles, sean o no sean sus productos compatibles con el ambiente, debe ser responsable por los daños sus productos pueden causar. Muy recientemente, E15, una mezcla de combustible que contiene 85 por ciento de gasolina y 15 por ciento de etanol (un combustible basado en cosechas renovables) fue atacada por causar daño de motor en algunos coches y camiones más viejos. El EPA aprobó el uso de E15 en 2010 después de ser presionada por la industria de etanol, que procura aumentar el contenido de etanol en la gasolina de lo que había sido el estándar del 10 por ciento, que es mucho más fácil de tolerar para motores de gasolina.

La Auto Alliance, un grupo industrial, publicó recientemente un estudio que afirma que más de cinco millones de coches en los caminos de EEUU podrían ser dañados hoy si sus propietarios bombean E15 en vez de gasolina normal o aún el más suave E10 (10 por ciento de etanol, 90 por ciento gasolina). “Los problemas incluyeron daños a válvulas y asientos de válvula, que pueden llevar a pérdida de compresión y poder, peor performance del vehículo, fallos de encendido, daño de motor, así como economía pobre de combustible y más emisiones,” reporta el grupo, agregando que los costos potenciales a los consumidores son significativos. “La reparación más probable sería el reemplazo de la culata que cuesta de $2,000-4,000 para motores de culata única, y el doble para motores tipo V”.

Los defensores del medio ambiente y de los consumidores dicen que H. 4345 es mal negocio para los consumidores que se quedarán con la cuenta de todas estas reparaciones. La organización mp comercial Environmental Working Group (EWG) lamenta el proyecto de ley porque eximiría industrias y negocios enormemente provechosos y ya tratados como “intereses privilegiados”, inclusive productores de combustible, fabricantes de motores y detallistas de combustibles y aditivos de obligaciones derivadas de daño causado por sus productos.

H. 4345 está actualmente en comité siendo estudiada en la Cámara de Representantes, pero los analistas dudan que llegue a votarse dado el debate contencioso creado por el hecho que pone el peso de los costos de reparación en los usuarios mismos. Los usuarios del sitio web govtrack.us (que permite seguir cualquier legislación gratuitamente a ciudadanos ordinarios) dan a H. 4345 sólo un tres por ciento de probabilidad que sea aprobada. Mientras tanto, el Senado está considerando un proyecto similar, el llamado Ley de Combustibles Domésticos (S. 2264). Pero a menos que la Cámara pase su versión primero, es improbable que el proyecto del Senado gane mucha tracción.

CONTACTOS: EWG; Auto Alliance; GovTrack.us.